Un análisis de la legislación y las posibilidades de enjuiciar a Maduro en EE.UU. demuestra que simplemente se requiere abrir el caso
La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es producto del desmantelamiento progresivo de la institucionalidad democrática en ese país, dos décadas de impunidad y violaciones sistémicas de derechos humanos; estos factores sumados a una red de narcotráfico y corrupción cuya cabeza es directamente el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El dictador Hugo Chávez inició la revolución de la exclusión y el favoritismo a su círculo cercano en lo que puede ser uno de los más grandes desfalcos del Hemisferio Occidental en las últimas décadas. Su elegido Nicolás Maduro simplemente empeoró la crisis con la consolidación de una opresión generalizada contra los ciudadanos y la población ha llegado a sufrir profundas y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
Recientemente Freedom House colaboró con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la elaboración de la primera Resolución a nivel regional que establece el vínculo directo entre la corrupción y la violación de derechos humanos. La organización viene también estudiando las diversas redes de corrupción y narcolavado que surgen de Venezuela y su impacto en Estados Unidos y en la región. El gobierno de Nicolás Maduro ha venido sistemáticamente violando los derechos humanos pero también ha venido liderando una red de corrupción y lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas que ha tenido impacto más allá de Venezuela.
Desde el uso del Estado como gran maquinaria de trafico de drogas y lavado de dinero, el uso de la empresa petrolera del Estado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) como mampara de operaciones de grupos guerrilleros de Colombia o de organizaciones terroristas o simplemente como gran plataforma para el lavado de activos provenientes del crimen organizado. Esto sumado a la creación de empresas mixtas en el Caribe (Petrocaribe), en Nicaragua (Albanisa), o en El Salvador (Alba Petróleo), es decir, redes de corrupción y lavado que se escapan de las fronteras de Venezuela.
La inmensa voracidad de testaferros y funcionarios del régimen de Chávez-Maduro han llevado a contaminar cientos de mercados financieros con fondos de dudosa procedencia. No hay duda de la vinculación del gobierno de Venezuela en esta industria criminal en un entramado de relaciones que involucran desde el presidente de la república, Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de gobierno en graves actos de corrupción y actividades ilícitas conexas como narcotráfico y lavado de dinero.
Violencia y control
La violación sistemática de DDHH ocurre en un escenario en el que Maduro y los aliados de la coalición dominante, quieren mantener a toda costa el poder que les ha servido para cometer los mayores actos de corrupción en la historia republicana de Venezuela y se han valido de la violencia y el control de todas las instituciones, así como de grupos ilegales para mantener el control social. De igual forma se han aprovechado de una débil oposición y en muchos casos han comprado a la oposición para hacerla dócil al tirano y sus operaciones criminales.
